Panamá—La Crisis Interminable 1985–1989
Ronald E. Ratcliff
Prólogo
El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó contra Panamá su operación militar más importante desde la Guerra de Vietnam. La Operación Causa Justa empleó más de 26.000 hombres, entre los que se contaba el más grande lanzamiento de paracaidistas arrojados desde la Segunda Guerra Mundial, con el objeto de deponer y capturar al dictador militar Manuel Antonio Noriega y restablecer el gobierno democrático al país.
En el discurso dirigido al pueblo norteamericano el día siguiente, el Presidente George Bush expuso que las razones de la invasión habían sido: "salvaguardar las vidas de los estadounidenses, defender la democracia en Panamá, combatir el tráfico de droga y proteger la integridad del tratado del Canal de Panamá.
Aun cuando la operación en general fue exitosa, plantea una cuestión de mayores proporciones. ¿Por qué le resultó a los Estados Unidos necesario emplear una poderosa fuerza militar para deponer a un líder de un país soberano que evidentemente era uno de los más fuertes aliados de EE.UU. en América Central?
1968-1984: Noriega, EL MAL NECESARIO
Noriega fue el producto de una junta militar liderada por el General Omar Torrijos que derrocó al gobierno panameño en 1968. Noriega había sido una pieza clave para que Torrijos pudiera sobrevivir a su propio golpe en 1969. Tal lealtad fue recompensada y, finalmente, él llegó a la comandancia de las fuerzas militares de Panamá en 1983. Poco tiempo después de asumir el mando, influyó en forma ilegal en las elecciones nacionales de 1984, con la intención de reforzar la influencia militar sobre el gobierno panameño. Fue el "ingeniero" de la elección del Presidente Nicolás Barletta, candidato de las fuerzas armadas y considerado personalmente leal a Noriega y entregado a su causa. Algunos observadores creen que Estados Unidos hizo caso omiso del fraude electoral porque permitía el arribo al poder de un gobierno que era favorable a los intereses norteamericanos.
Si bien Panamá tenía un gobierno democráticamente electo, el poder real quedaba en manos de los militares y Noriega estaba a cargo.
El gobierno de los Estados Unidos hacía tiempo que consideraba a Noriega un personaje nefasto entre cuyos excesos se contaban el tráfico de drogas, el lavado de dinero y asesinatos. Aun así, EE.UU. ignoraba sus delitos a fin de asegurar los intereses nacionales que se consideraban más vitales que oficiar de policía ante las prácticas corruptas en Panamá. La política exterior norteamericana estaba centrada en cambio, en dos amenazas estratégicas que emanaban en la región: la insurgencia inspirada por el comunismo contra gobiernos apoyados por los EE.UU. en América Central y el tráfico de drogas que ya preocupaba profundamente en el orden interno.
Nicaragua y la invasión comunista eran los dos puntos centrales de la política regional estadounidense. Aunque en forma subsidiaria, Estados Unidos reconocía que también tenía intereses críticos para la seguridad en Panamá: el acceso a las bases e instalaciones estadounidenses en Panamá, la implementación de los tratados del Canal de Panamá, el apoyo a los Contras (fuerzas militares anticomunistas) que operaban en Nicaragua y El Salvador y la continuación de las operaciones de inteligencia cuyos objetivos eran Cuba y otros países latinoamericanos.
Se consideraba a Noriega un aliado esencial para proteger esos intereses. Varias agencias de los EE.UU., la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y posteriormente la Agencia de Control de Drogas (DEA), habían utilizado a Noriega para proteger los intereses estadounidenses.
1985-1987: LOS AÑOS QUE VIVIMOS EN PELIGRO
EE.UU. comenzó a tener serios problemas con Noriega en 1985, cuando un respetado oponente político, el Dr. Hugh Spadafora, fue brutalmente torturado y asesinado por la Fuerza de Defensa de Panamá (FDP). Spadafora había hecho extensas y bien fundadas acusaciones sobre la participación de Noriega en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, que habían atraído importante atención internacional. La mayoría de los panameños conocían y tenían en alta estima a Spadafora. Cuando se descubrió su asesinato cundió la ira. Cuando el reclamo popular llegó a niveles que no podían ignorarse, Barletta debió ordenar a Noriega renunciar como Comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá mientras se investigaba el crimen. Noriega respondió forzando a Barletta a renunciar, reprimiendo todo intento de investigar o hacer público el crimen y llevando a la presidencia a un títere más confiable.
El asesinato de una figura popular opositora a Noriega y la deposición de un presidente electo recibieron, por primera vez en EE.UU., una extensa cobertura periodística. Los medios comenzaron a retratar a Noriega como un dictador corrupto que enviaba drogas a Estados Unidos, protegía a los líderes de los carteles, apoyaba a los terroristas, lavaba dinero ilegal proveniente del tráfico de estupefacientes y reprimía brutalmente la democracia en su país. Estas acusaciones llevaron a interrogatorios en el Congreso donde se cuestionó al gobierno y en particular a la DEA, quienes debieron defender su continuado, aunque renuente apoyo a Noriega en pro de la defensa de los más grandes intereses de seguridad de los EE.UU. en la región.
El ultraconservador Senador Jesse Helms, quien se había resistido a la devolución del Canal de Panamá, fue particularmente crítico respecto del apoyo del Gobierno a Noriega. Él pensaba que Noriega era demasiado corrupto como para que se le pudiera confiar el Canal de Panamá.
En su carácter de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Helms trató de liderar un movimiento de mayor dureza hacia Noriega, pero su postura reticente a abandonar el control del canal no permitió que su posición contra Noriega lograra apoyos significativos. El hombre clave del gobierno en América Central, Subsecretario de Estado Elliot Abrams, también logró desactivar muchas de las críticas haciendo resaltar el beneficio de continuar apoyando a Noriega. El Senador Helms no logró que el público se interesara en la cuestión de Panamá y, al no tener apoyo en el Congreso para su postura anti-Noriega, pronto se esfumaron las críticas a este último.
La prensa, en cambio, comenzó a prestarle mucha atención a Noriega y a su actividad en el tráfico de drogas en 1986. El New York Times publicó una serie de artículos de investigación en los que se revelaban sus extendidas conexiones con los traficantes y con la CIA. Estas acusaciones pegaron en la conciencia norteamericana que estaba comenzando a darse cuenta de su creciente y serio problema de drogas. Las revelaciones del New York Times provocaron mayor cobertura por parte de otras agencias de noticias, lo que comenzó a elevar el sentimiento anti-Noriega entre el público norteamericano.
Tal preocupación se elevó aun más cuando a principios de 1987, el Coronel Díaz Herrera, segundo en la cadena de mando de Noriega, hizo públicas numerosas acusaciones de corrupción en contra de Noriega, a raíz de que este último se negara a retirarse en 1986 y dejarle las riendas de las FDP, tal como se había acordado con anterioridad. Sus acusaciones llevaron a grandes manifestaciones del pueblo cuando los panameños salieron a las calles para demostrar su ira contra Noriega y el reinado de brutalidad y corrupción de las FDP durante su liderazgo. Mientras continuaban las demandas de la salida de Noriega del poder en la primavera de 1987, éste respondió con dureza a la oposición reprimiendo brutalmente las manifestaciones mediante el uso de una fuerza policial anti tumultos y declarando un estado de emergencia que prohibió nuevas demostraciones en su contra.
Mientras la situación en Panamá empeoraba, en junio de 1987 se produjo un cambio de mandos en el Comando Sur (SOUTHCOM) de EE.UU., que tenía su sede en Panamá. El SOUTHCOM era responsable de todos los asuntos militares que afectaban a Panamá. El nuevo comandante, Gral. Frederick F. Woermer, Jr. tenía gran experiencia en asuntos latinoamericanos, hablaba perfecto español, conocía a Noriega y comprendía las cuestiones que estaban en juego en Panamá. En su discurso de asunción de la comandancia del SOUTHCOM dejó en claro que Noriega debía devolver el control del gobierno de Panamá a los civiles. Las palabras del Gral. Woerner desataron la ira de Noriega quien acentuó el maltrato a los soldados estadounidenses y sus mujeres residentes en Panamá. Woerner se dio cuenta rápidamente de que Noriega no se retiraría por propia voluntad y que probablemente se haría necesario utilizar la fuerza. Instruyó a su estado mayor para que comenzara a planificar la intervención militar de los EE.UU.
También el Congreso de los EE.UU. comenzó a interesarse en la cuestión de Panamá a mediados de 1987 cuando las audiencias por la cuestión Irán-Contras revelaron detalles de actividades ilícitas de los EE.UU. en Panamá. Los representantes se enteraron de que miembros del Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el Teniente Coronel North) habían utilizado a Noriega para evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983 a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los contras utilizando las ganancias de la droga mediante diferentes esquemas, incluido el transporte y venta de cocaína desde Panamá a los EE.UU.
Estas revelaciones y la continuada cobertura negativa en los medios sobre el propio Noriega obligaron a revisar la política de los EE.UU. en Panamá y llevaron al Senado a promulgar una resolución que exigía a Noriega y sus asesores más importantes a abandonar el poder inmediatamente. Noriega reaccionó con enojo y acusó a los EE.UU. de interferir en los asuntos internos de Panamá e instigó ataques populares a las instalaciones de los EE.UU. y a la misma embajada de los EE.UU. Además, acentuó su represión de las manifestaciones del pueblo y suspendió la libertad de prensa.
Estados Unidos respondió con la suspensión de toda ayuda militar a Panamá y cercenó todos los contactos entre los militares estadounidenses y las FDP. Lo más significativo fue que la CIA cortó todos sus lazos con Noriega interrumpiendo de ese modo una relación que se había prolongado por 20 años.
Para entonces, el gobierno de Reagan había llegado a la conclusión de que Noriega debía ser eliminado. Pero, no había consenso sobre cómo lograr este objetivo. Siempre se supo que el Presidente Reagan era muy renuente a resolver las disputas sobre políticas entre sus asesores importantes, y los medios y la manera en que había que librarse de Noriega no fueron una excepción. El Departamento de Estado, encabezado por Elliot Abrams, y la Plana Mayor del NSC (Consejo de Seguridad Nacional) querían deponer a Noriega inmediatamente y estaban totalmente dispuestos a utilizar toda la presión diplomática posible para arrinconarlo, apoyando un golpe desde dentro de las filas de las FDP para deponerlo.
El Departamento de Defensa y la CIA no apoyaban un derrocamiento rápido de Noriega. No tenían un reemplazante capaz de mantener a las FDP bajo control y al país unido hasta tanto se pudiera elegir un líder democrático. También temían que Noriega reaccionara violentamente a cualquier intento serio de removerlo del poder, lo que pondría en peligro a los cerca de 50.000 norteamericanos que vivían en Panamá.
Ante los ojos del Departamento de Defensa y de la CIA, si bien Noriega tenía sus desventajas, no había alternativas reales que pudieran suplantarlo. Tenían la visión de que los EE.UU. no debían tomar medida alguna hasta tanto los panameños no iniciaran un proceso serio para desplazarlo del poder.
Tampoco los medios norteamericanos en 1987 estaban haciendo ninguna presión en contra de Noriega. Estaban todos concentrados en los interrogatorios del caso Irán-Contra y el papel que los altos funcionarios del gobierno habían tenido en el hecho.
Ante la falta de un neto consenso entre sus asesores principales, el Presidente Reagan fue persuadido para intentar convencer a Noriega de que abandonara el poder. Todo esfuerzo en ese sentido fracasó debido a la falta de un mensaje claro que hiciera comprender a Noriega de que debía retirarse. No menos de tres emisarios fueron enviados entre fines de 1987 y principios de 1988 pero cada uno de ellos le dio con un mensaje diferente sobre cuándo debía renunciar (y aun si ello era posible). En consecuencia, Noriega recibió la impresión de que no existía consenso en el Gobierno respecto de su partida. Al no haber una decidida intervención estadounidense, Noriega no encontró motivos para abandonar su tan lucrativa situación.
1988: LAS OPCIONES SE ACABAN
La situación del Gobierno de Reagan con respecto a Noriega se tornó aun peor en febrero de 1988, cuando el Departamento de Justicia de los EE.UU. lo acusó por tráfico de drogas y lavado de dinero en Florida. Esas acusaciones lo ligaban directamente con los carteles de la droga que contrabandeaban cocaína a los Estados Unidos. También ponían al gobierno y a la DEA en una situación embarazosa, por considerar a Noriega como uno de sus mejores recursos en la guerra contra las drogas. Noriega siempre había cumplido con las solicitudes de la DEA y cultivado la imagen de que estaba fuertemente comprometido con la guerra norteamericana contra las drogas, pero se hacía evidente que él había ejercido esta cooperación para su beneficio personal.
Para mayor incomodidad del Gobierno, sin embargo, había una total falta de coordinación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado y el Gobierno sobre el tema de las condenas. El Departamento de Justicia tiene la cultura de operar en forma independiente y mantenerse apartado de las consideraciones políticas en su esfuerzo por someter a los criminales a la justicia. En consecuencia, ni el Presidente Reagan ni el Secretario de Estado George Schultz habían sido prevenidos por anticipado de que el jefe de un estado soberano iba a ser condenado por el cargo de tráfico de drogas.
Las condenas del Estado de Florida, junto con los fracasados intentos del Gobierno estadounidense de lograr que Noriega renunciara voluntariamente, pusieron en claro que sería necesaria una acción más enérgica para desplazar a Noriega. El asunto empeoraba porque los índices de aprobación de la gestión Reagan decaían y en julio de 1988 su manejo de la situación de Panamá lo había dejado con menos del 30% de aprobación. Era necesario hacer algo, pero una vez más, la administración estaba dividida en sus opiniones sobre cómo lograr el objetivo.
El Departamento de Estado fue el primero en proponer el uso de las fuerzas militares para deponer a Noriega del poder en Panamá. Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, fue quien diseñó esta política. Abrams era un hombre de la más alta confianza personal del Secretario de Estado George Schultz, pero su estilo abrasivo y arrogante lo hacían antipático a los ojos de todos los demás asesores presidenciales de alto rango. Pero Schultz estaba conforme con dejar que Abrams fijara la política del Departamento de Estado hacia Panamá y Centro América, puesto que su atención estaba centrada en los problemas más apremiantes de la Unión Soviética y Medio Oriente.
La atención de Abrams en Panamá llegó tarde. Inicialmente toda su atención en América Central estaba dominada por Nicaragua y el gobierno Sandinista, que había subido al poder en 1979. Muchos pensaban que Abrams se había obsesionado con deponer al gobierno sandinista. Cuando todas las operaciones ilegales de los EE.UU. en ese país quedaron al descubierto y debieron dejarse sin efecto a raíz del escándalo Irán-Contra, el papel de Abrams fue objeto de críticas muy severas. Su reputación y credibilidad entre los miembros del Congreso quedaron muy dañadas por la falta de sinceridad durante los interrogatorios y por el apoyo que el Gobierno había prestado a los Contras.
Sus críticos lo acusaban de que su nuevo interés en Panamá y Noriega era sólo un intento de reconstruir su crédito ante el Congreso y otros detractores. A medida que se reveló la obstinación de Noriega por permanecer en el poder, Abrams se convenció de que el mejor, y quizás único instrumento para desplazarlo de la escena era utilizar el poder militar de Estados Unidos. Él convenció al Secretario Schultz de que la intervención militar era el mejor curso de acción.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto (CJCS), Almirante William Crowe, se oponía fuertemente a Abrams y Schultz en el uso de la fuerza militar en Panamá y tenía muy buenas razones para hacerlo:
- Si se implementaban las acciones desde las bases ubicadas en Panamá para derrocar el régimen imperante, se pondrían en riesgo los derechos de los EE.UU. de mantener bases en otros países, con cuyos anfitriones EE.UU. mantenía cuestiones sensibles;
- Había 50.000 estadounidenses viviendo en suelo panameño y todos estarían en riesgo si EE.UU. lanzaba acciones militares;
- El uso de la fuerza militar contra Panamá reforzaría la percepción de abuso del poder "Yanqui" en un momento en que las ideologías comunistas estaban logrando establecer bases en la región.
Había otras razones igualmente poderosas para la resistencia de Crowe: Noriega permitía que EE.UU. usara sus bases en Panamá, para espiar a los países vecinos y entrenar otras fuerzas militares de la región en flagrante violación de los tratados del Canal. Otro líder podía no ser tan pasivo ante tales operaciones.
Cuando el Departamento de Estado y Abrams proponían cualquier forma de intervención militar, Crowe y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas se oponían con detalles de los costos, riesgos y obstáculos inherentes a tal intervención. Un ejemplo ilustrativo fue una cuestionable estimación de Defensa, la cual mostraba que la evacuación de los no combatientes de Panamá antes de las acciones militares costaría más de U$S 100 millones y demoraría por lo menos 7 meses. La posición de Crowe estaba aún más fortalecida por el reforzamiento del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto a partir de la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa en 1986. En virtud de la misma, ahora él era el asesor militar principal del Presidente y ya no tenía que lograr ningún consenso entre los otros jefes de las fuerzas ni del Secretario de Defensa. Crowe tenía fuertes reservas sobre la conveniencia de una participación militar en Panamá y frecuentemente chocaba con Abrams a este respecto. Se dice que lo consideraba "un hombre peligroso que seguía una política riesgosa... un ideólogo fuera de control."
Abrams, a su vez, consideraba que la renuencia de Crowe a utilizar la fuerza militar era "una precaución militar mal aconsejada por la experiencia post Vietnam."
El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo 1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción militar para resolver el problema panameño. El Departamento de Estado, liderado por Elliot Abrams abogaba por al menos el uso limitado de la fuerza para capturar a Noriega y someterlo a la justicia en EE.UU.
El Departamento de Defensa, por su parte, señalaba los problemas prácticos de tales operaciones y planteaba la cuestión de que las FDP podrían responder tomando rehenes norteamericanos para recuperar a Noriega. La CIA también se mostraba renuente a apoyar una operación militar contra Noriega, ya que estaba apenas saliendo de los efectos de la revelación sobre su actuación en el escándalo Irán-Contras. Su nuevo director no estaba interesado en participar en una acción que podía resultar controvertida y atraer más atención y descrédito hacia la agencia.
La investigación de la Comisión Tower sobre el caso Irán-Contras acababa de emitir su informe, en el que criticaba severamente al Consejo Nacional de Seguridad por violar el proceso normal de toma de decisiones de seguridad de la nación. En consecuencia, Carlucci no tenía disposición a apoyar otra aventura militar en Centroamérica. Cuando el General Colin Powell reemplazó a Carlucci, que había cruzado el Potomac para convertirse en Secretario de Defensa, el Pentágono se encontró realmente en condiciones de bloquear todo apoyo presidencial a cualquier acción militar en 1988.
Todo deseo de Washington para implementar alguna medida contundente en contra de Noriega se vio atemperado por las elecciones presidenciales de 1988. La administración Republicana necesitaba correr una cortina sobre el problema de Panamá, para que no se convirtiera en un tema de campaña que los Demócratas pudieran utilizar en contra del Vice-Presidente Bush. Aunque se había descartado la opción militar, el Presidente Reagan reconocía que algo había que hacer con Noriega. Por lo tanto, se autorizaron sanciones económicas en contra de Panamá.
Panamá era altamente sensible a la presión económica de los EE.UU. ya que su economía estaba fuertemente ligada a la de los EE.UU. y utilizaba el dólar norteamericano como moneda. Como no pudo lograr apoyo para emprender acciones militares, el Departamento de Estado abogó por invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias (IEEPA) para aislar a Panamá. Bloqueando la transferencia de fondos hacia y desde el país, EE.UU. podía negarle a Noriega el dinero que él necesitaba para pagar a los militares y los empleados públicos, que representaban los últimos vestigios de su poder. Sin ese apoyo, se teorizaba, los mismos panameños obligaría a Noriega a abandonar el poder.
La administración estaba totalmente dividida respecto de si las sanciones económicas debían ser muy severas. El Secretario del Tesoro, James Baker, se oponía abiertamente a las sanciones económicas contra Panamá. Sostenía que aplicar la IEEPA era como "utilizar una bomba atómica para matar una mosca." Su posición estaba influida además por la preocupación por los numerosos banco y empresas norteamericanas que operaban en Panamá y que podrían verse afectados por las sanciones. Hasta el Secretario de Estado Schultz tenía sus dudas respecto de la eficacia de las sanciones económicas, en vista de que Noriega y sus acólitos obtenían la mayor parte de su dinero en forma ilegal y no dependían de la economía local. El Secretario de Defensa Carlucci sostenía que la IEEPA sólo serviría para galvanizar la resolución de Noriega de mantenerse en el poder. Esta posición era compartida por el General Powell y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, y ambos proponían acciones menos drásticas.
A pesar de todas las reservas, el Presidente Reagan siguió adelante con las sanciones aunque permitió que se cambiara el plan. Las sanciones se demoraron por los problemas prácticos que la burocracia encontraba para implementar las sanciones económicas a Panamá en forma completa. En primer lugar, estaba la cuestión de cómo se haría para que los varios miles de empleados norteamericanos y panameños del Canal de Panamá recibieran su paga.
Dejar de pagarles implicaría el riesgo de que el canal se cerrara. Además, había oficinas e instalaciones norteamericanas (la embajada y el SOUTHCOM, por ejemplo) que debían pagar las facturas de servicios o cerrarse. Y finalmente, como temía Baker, muchas empresas y bancos norteamericanos comenzaron una campaña para obtener excepciones que los protegieran de las grandes pérdidas que sufrirían, si se aplicaban las sanciones en forma total. Al final, las sanciones se demoraron más de dos meses y nunca se aplicaron en forma completa debido a que la burocracia no dejaba de lidiar con los numeroso pedidos de excepción. El resultado fue que las sanciones terminaron teniendo un efecto mucho menor que el que pudieron haber tenido.
Al acercarse el final del período Reagan, se determinó que Estados Unidos tenía que esperar que la solución para Panamá se presentara como un levantamiento popular como el que había sacado a Marcos del poder en Filipinas, o un golpe de estado. Algunos abrigaban la esperanza de que fueran las elecciones de 1989 en Panamá las que sacaran a Noriega del poder.
1989: DE MAL EN PEOR
En 1989, después de la elección de George Bush para presidente, se convocó al SOUTHCOM para que defendiera el presupuesto de Defensa ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados norteamericana. El general Woermer se sentía cada vez más frustrado al verse obligado a evitar la confrontación con Noriega a toda costa. Las FDP, cada vez con mayor descaro, detenían soldados estadounidenses, empleaban la fuerza física en sus abusos, interceptaban la correspondencia, y se apoderaban de material de los EE.UU., incluyendo despachos diplomáticos. En un período de nueve meses, durante el año 1988, se documentaron más de 1000 incidentes de abusos de las fuerzas panameñas contra ciudadanos norteamericanos.
La decisión de emplear cautela con Noriega había tenido un precio muy alto para la moral de las tropas de Los EE.UU. en Panamá. Como adhería a la política del Gobierno, el Gral. Woermer se convirtió en el objetivo de su frustración y el SOUTHCOM (Comando Sur) pasó a ser llamado "WIMPCOM" (Comando Cobarde).
En su testimonio ante la Cámara Baja y su posterior visita a Washington, Woerner dejó ver públicamente cuáles eran sus preocupaciones y frustraciones respecto de la falta de una política norteamericana clara en Panamá. Woerner no había tenido funciones en Washington anteriormente y su sinceridad era una muestra de su ingenuidad política. La prensa cubrió ampliamente sus críticas y ello causó el enojo del Presidente Bush, que amonestó al Almirante Crowe por las declaraciones de Woerner. A pesar de sus conocimientos de primera mano sobre la mala situación en Panamá, perdió todo el apoyo en Washington y sus funciones en Panamá quedaron con los días contados.
Mientras más se deterioraba la situación en Panamá, el gobierno de Bush, al igual que el de su predecesor, seguía buscando una forma de deponer a Noriega sin involucrar a las fuerzas militares. La última opción viable eran las elecciones presidenciales de Panamá de mayo de 1989. EE.UU. proveyó al partido opositor U$S 10 millones para tratar de instalar un gobierno democrático que retirara a Noriega de su cargo de comandante de las FDP. A pesar de la importante ayuda norteamericana a los partidos de la oposición, y la presencia de distinguidos observadores de las elecciones (incluyendo varios de los EE.UU.), toda esperanza se esfumó cuando Noriega se apoderó de todas las urnas y manipuló los resultados para que ganara su candidato.
La prensa informó inmediatamente el fraude a un mundo en vigilia. Noriega intentó evitar que el ex Presidente Jimmy Carter, que encabezaba el grupo observador de los EE.UU., ofreciera una conferencia de prensa para hacer públicas sus objeciones con respecto al manejo de la elección. Airados, los panameños tomaron las calles, pero sufrieron la brutal represión de las FDP y paramilitares denominados Batallones de la Dignidad. Cuando los candidatos de la oposición se atrevieron a liderar manifestaciones de protesta, fueron golpeados y arrestados ante los ojos de los medios internacionales.
Estos últimos actos no dejaron ninguna duda al gobierno del Presidente Bush de que no podrían hallar una solución pacífica al problema Noriega. Se retiró al embajador norteamericano en Panamá, se redujo el personal de la embajada, se ordenó la evacuación de los familiares de los norteamericanos y los que quedaron fueron ubicados en terrenos fuertemente custodiados. Además, el Presidente anunció que exigiría el cumplimiento de los tratados con Panamá, incluyendo el movimiento libre e irrestricto de las tropas norteamericanas en el territorio Panameño y envió una fuerza equivalente a una brigada para incrementar el número de hombres en Panamá.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se vio arrastrada al conflicto al ver los eventos de Panamá y el manejo que Noriega hizo de las elecciones presidenciales. Se sentía entre dos frentes en conflicto: su deseo de que Panamá manejara sus asuntos internos y su deber de apoyar elecciones libres y el proceso democrático que Noriega acababa de avasallar. Pero cualquier intervención en Panamá podía ser vista como una precursora de acciones similares en otros países de la región. La OEA no estaba dispuesta a censurar a Noriega, pero envió una delegación a Panamá para intentar una mediación pacífica para traspasar el poder.
Entre junio y setiembre de 1989, Noriega recibió varias delegaciones de la OEA, pero a medida que transcurría el tiempo se hizo evidente que él no tenía la menor intención de abandonar el poder. Las razones que tenía Noriega para no dar un paso al costado, que ni la OEA ni los funcionarios del gobierno de los EE.UU. advertían en ese momento, eran perfectamente simples. Dejar el poder significaba su sentencia de muerte. Conocía íntimamente las operaciones de los carteles de la droga y se había ganado una extensa lista de enemigos por sus permanentes actos criminales, lo que lo hacían un elemento demasiado peligroso para que se lo dejara con vida.
Estados Unidos y Panamá se embarcaron en una guerra de nervios y declaraciones entre las elecciones de mayo de 1989 y octubre de 1989. El 3 de octubre de 1989, la tensión creció aun más debido al intento de golpe de estado conducido por un pequeño grupo de oficiales del círculo más íntimo de Noriega. A pesar de que EE.UU. había abrigado la esperanza de que se produjera esto, las circunstancias lo encontraron lastimosamente mal preparado para asistir a los conspiradores. La solicitud de apoyo de los EE.UU. por parte de los oficiales involucrados, que era ínfima, llegó en el momento menos oportuno para Estados Unidos. El General Maxwell Thurman se había hecho cargo del mando del SOUTHCOM sólo tres días antes. Pensó que era una jugada de Noriega para ponerlo en aprietos y humillar a los EE.UU. No sólo Thurman estaba recién llegado, también lo era el Jefe del Estado Mayor Conjunto. El mismo día que asumió sus funciones, el General Colin Powell fue advertido de que el golpe estaba planeado para el día siguiente.
La información sobre el golpe y sus líderes era muy elemental. La CIA y la DIA tenían muy poca inteligencia reunida sobre los líderes del alzamiento y sus probabilidades de éxito. La situación se tornó aun más confusa cuando los confabulados demoraron el golpe por un día. El resultado fue que a pesar de que los golpistas capturaron a Noriega, EE.UU. no pudo brindar ni el más mínimo apoyo solicitado que impidiera que los soldados leales a Noriega lo rescataran.
Mientras el intento de golpe se desarrollaba, el apoyo norteamericano estaba prácticamente paralizado. El gobierno recibía información contradictoria del SOUTHCOM y otras fuentes de inteligencia respecto del estado del golpe. El General Thurman no podía contribuir con ninguna aclaración sobre la situación porque, en general, había purgado a sus fuerzas de todos los oficiales de estado mayor con conocimientos, que habían trabajado junto al General Woerner.
Fue así que, durante las horas más críticas del golpe, los soldados norteamericanos en Panamá esperaban instrucciones de Washington acerca de qué asistencia prestar al golpe y Washington estaba paralizada por la falta de información o lo contradictorio de la que disponían sobre los acontecimientos para poder tomar decisión alguna. El resultado fue que Noriega sobrevivió al golpe e inmediatamente tomó venganza contra los oficiales insurrectos que fueron torturados y ejecutados.
Las críticas al gobierno desde el Congreso y los medios no tardaron en llegar. Numerosas filtraciones, tanto desde el Departamento de Estado como el de Defensa, revelaron la magnitud del fracaso de EE.UU. en su ayuda para que los panameños se libraran de Noriega. Las críticas del Congreso y los medios eran tan extensa y detallada que el Gobierno ordenó a los jefes de las agencias que se bloquearan las filtraciones y las críticas inmediatamente. La Comisión de Inteligencia del Senado objetó al Ejecutivo por "caminar haciendo mucho ruido pero llevar un garrote muy pequeño."
El Asesor de Seguridad Nacional, que era el objeto de muchas de esas críticas, respondió acusando al Congreso de haber retenido el garrote del Presidente. Jesse Helms, que un par de años antes había advertido sobre Noriega, reveló vergonzantes detalles del caso Noriega a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la falta de apoyo de los EE.UU. al golpe de estado y acusó al gobierno de ser un puñado de "Policías de Keystone."
El Gobierno se preocupó de desviar la atención de sus fracasos y reconoció que las críticas eran bien merecidas. Tomó medidas inmediatas para determinar cómo y por qué había actuado tan mal y prepararse para la próxima oportunidad de librarse de Noriega de una vez por todas. Irritado, el Presidente Bush declaró: "Ha llegado el final de la hora de los amateurs."
DIcIembRe de 1989: FINAL DEL JUEGO
A Noriega, por su parte, no lo satisfacía dejar que la vergonzosa actuación de los norteamericanos pasara inadvertida, así que continuó con sus provocaciones contra el personal norteamericano en Panamá. Para agregar insulto a la injuria, el 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional Panameña los designó "Líder Máximo" a la cabeza del gobierno de Panamá. Además declaró la existencia de un estado de guerra entre Panamá y los Estados Unidos. Al día siguiente, los soldados de las FDP abrieron fuego contra un vehículo norteamericano y mataron un teniente de la Infantería de Marina. Un teniente de la Armada y su esposa, que habían visto el atentado, fueron arrestados. El teniente recibió una severa golpiza y su esposa fue objeto de abusos físicos y amenazas.
El domingo 17 de diciembre, el Secretario de Defensa Dick Cheney y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Powell, ofrecieron sus informes al Presidente y sus asesores más cercanos sobre la situación en Panamá y el permanente riesgo que significaba para las vidas de los norteamericanos, según lo demostraban la muerte del teniente de la Infantería de Marina. El Presidente Bush estaba particularmente perturbado por el maltrato de que habían sido objeto el Teniente de la Armada y su esposa. Después de analizar los hechos, el General Powell expresó su recomendación. Había llegado el momento de utilizar las fuerzas militares sacar a Noriega del poder y se necesitaba una operación a gran escala para hacerlo.
El Presidente Bush preguntó por qué la necesidad de una gran fuerza. Powell respondió que se necesitaba una fuerza imponente para reducir los riesgos de los involucrados. Una operación reducida sólo disminuía las posibilidades de éxito y no reducía los riesgos de las fuerzas involucradas. El Secretario de Estado James Baker, quien siendo Secretario del Tesoro del gobierno de Reagan se había opuesto a las sanciones económicas, fue quien hizo público el apoyo del Departamento de Estado a la operación. Declaró que se necesitaban fuerzas militares para destruir las FDP para que se pudiera instalar un gobierno civil verdaderamente democrático.
La discusión continuó durante aproximadamente dos horas. Finalmente el Presidente Bush dijo "Este individuo no va a dejar de causar problemas. Se va a poner cada vez peor." Se dio vuelta y le dijo al General Powell: "OK. Vamos."
Epílogo
La invasión a Panamá fue objeto de muchísimas críticas tanto internas como internacionales. Un día después de la invasión, la Organización de los Estados Americanos emitió por avasalladora mayoría un voto de censura contra los EE.UU. diciendo que "lamentaba profundamente" la invasión de los EE.UU. Fue la primera vez en los 42 años de vida de la organización, que ésta amonestaba formalmente a los EE.UU. Dos días después la Unión Soviética y la República Popular China presentaron un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar a los Estados Unidos. EE.UU. vetó la resolución, pero una semana después la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución similar, votada por amplia mayoría. Aunque había críticas en la prensa, en general los medios apoyaron la medida.
Dentro de Panamá, había un extendido apoyo a la invasión norteamericana. Dos semanas después de que Estados Unidos invadiera Panamá, una encuesta de opinión llevada a cabo por CBS demostró que más del 90% del país apoyaba la invasión. Datos de encuestas posteriores, reunidos entre 1991 y 1994 mostraron una disminución de ese apoyo, a 67% y 55%, pero aun así, casi tres cuartos de los encuestados todavía apoyaba la destitución de Noriega.
CRONOLOGÍA DE LA CRISIS DE PanamÁ
El Presidente Carter negocia la devolución a Panamá del Control del Canal de Panamá en el año 2000.
1979
Funcionarios del Gobierno de Carter bloquean las condenas federales contra Noriega por tráfico de drogas y contrabando de armas.
Ago 1983
Noriega asume el mando de las Fuerzas de Defensa de Panamá.
May 1984
Noriega y las pdf intervienen en las elecciones Presidenciales y manipulan los resultados para que gane el candidato de Noriega.
Sep 1985
El Dr. Hugo Spadafora, popular opositor de Noriega es torturado y brutalmente asesinado después que realizara serias y plausibles denuncias de las actividades ilícitas de Noriega.
Jun 1987
Noriega anuncia que se mantendrá a la cabeza de las FDP otros cinco años. Al día siguiente, quien iba a ser su sucesor hace públicos detalles sobre los crímenes de Noriega. Los panameños convocan a una huelga general que provoca que Noriega clausure los medios.
Jun 1987
El Senado de los EE.UU. aprueba una resolución no obligatoria exigiendo la renuncia de Noriega. Los seguidores de Noriega atacan a pedradas la Embajada de los EE.UU. y causan cuantiosos daños. EE.UU. responde suspendiendo la ayuda militar a Panamá y cortando todo contacto. Se retira a Noriega de la nómina de pago de la CIA.
El General Woerner se hace cargo del southcom y critica públicamente Noriega.
Ago–Dic 1987
EE.UU. trata de negociar un trato para que Noriega dé un paso al costado y permita elecciones libres para un nuevo gobierno.
Feb 1988
Noriega es condenado por el Gran Jurado de Miami y de Tampa en Florida por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de dinero.
El Presidente de Panamá retira a Noriega, pero éste depone al Presidente y lo reemplaza por un político más confiable.
Mar 1988
Los oficiales de las FDp montan un golpe de estado contra Noriega, que resulta un fracaso. Los autores fueron brutalmente torturados y ejecutados.
Noriega crea los Batallones de la Dignidad para aumentar las FDP.
El gobierno de Reagan considera emprender acciones militares, pero el Departamento de Defensa y otros actores se oponen. Se contemplan sanciones económicas mientras el gobierno intenta que Noriega se aparte voluntariamente.
Abr–Jun 1988
Se implementan sanciones económicas contra Panamá.
Nov 1988
George Bush gana las elecciones presidenciales de los EE.UU.
May 1989
Se llevan a cabo elecciones presidenciales en Panamá. Noriega comete fraude para quedarse con la elección. Los Batallones de la Dignidad atacan a los candidatos de la oposición y a las multitudes ante los ojos de los medios internacionales.
30 Sep 1989
El General Max Thurman reemplaza al General Woerner en el southcom.
2 Oct 1989
El General Colin Powell reemplaza al Almirante Crowe como Jefe del jcs.
3 Oct 1989
Noriega sobrevive un Nuevo golpe de estado y ejecuta a los autores.
15 Dic 1989
Noriega se auto-proclama "Líder Máximo" y declara que existe un estado de Guerra con los Estados Unidos.
15 Dic 1989
Las FDP matan a un Teniente de la Infantería de Marina de los EE.UU. en un bloqueo de caminos de las FDP y luego arrestan y maltratan a un Teniente de la Armada de los EE.UU. y su esposa que habían presenciado el ataque.
17 Dic 1989
El Presidente Bush autoriza la operación Causa Justa para sacar a Noriega del poder y destruir las FDP.
20 Dic 1989
Comienza la operación Causa Justa. Noriega evita ser capturado y elude a las fuerzas estadounidenses.
3 Ene 1990
Noriega se rinde a las fuerzas de los EE.UU.